Ambas organizaciones apuntan a la responsabilidad
del Consejo Insular de Aguas y el Cabildo y subrayan el papel de los
Ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar
Sí se puede e Izquierda
Unida Canaria (IUC) están decididos a exigir responsabilidades por la mala
gestión en materia de aguas residuales industriales en el Polígono de Güímar y
por las nefastas consecuencias que tendría el más que probable cierre del
emisario. Ambas organizaciones señalan la irresponsabilidad de los ayuntamientos
que participan en la gestión del polígono, Candelaria, Arafo y Güímar, tal como
evidencian los informes jurídicos redactados por las secretarías de las tres
corporaciones, que reseñan hechos de alta gravedad y que puede generar el
cierre temporal de las empresas allí ubicadas y la pérdida de multitud de
puestos de trabajo.
El concejal de Sí se puede
en el Ayuntamiento de Candelaria Agustín Espinosa asegura que “estamos muy
preocupados por la inminencia del cierre del emisario y la falta de
alternativas previstas, ya que las consecuencias pueden ser traumáticas para
las empresas y, sobre todo, para el personal que trabaja en ellas”. Las dos
formaciones políticas “tenemos muy claro quiénes son los responsables de esta
situación, que llevamos denunciando desde hace muchísimos años, mientras solo
hemos recibido la más absoluta indiferencia por parte de los diferentes
gobiernos municipales”.
Sí se puede e IUC
entienden que las responsabilidades de las graves consecuencias derivadas del
cúmulo de despropósitos y del posible cierre del emisario se deben depurar en
los juzgados.
A juicio de ambas
organizaciones, “las responsabilidades están claras –asegura Espinosa–: la
Asociación Mixta de Compensación, formada por el Cabildo de Tenerife, la
administración del Estado y Cajacanarias (actual Caixa), ha tenido conocimiento
en todo momento del origen y de la falta de depuración de los vertidos que se
lanzan al mar desde hace casi 40 años sin la adecuada vigilancia ambiental”.
El concejal de Sí se
puede en Candelaria apunta que “el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de
Tenerife es, según la ley, el responsable de la depuración de las aguas
industriales en este polígono, por tratarse de un servicio de interés
supramunicipal; sin embargo, esta imprescindible labor en ningún momento ha
figurado entre sus prioridades de actuación e inversión”.
A ello se añade que “las
empresas instaladas en el polígono han sido conscientes de su irresponsabilidad
al no depurar sus respectivas aguas residuales y verterlas al mar sin control”.
Finalmente, señala que “los ayuntamientos del Valle de Güímar han omitido su
deber de velar por los intereses municipales y de la ciudadanía, tanto los medioambientales
como los socioeconómicos, de forma que han procedido a la recepción de un polígono
que no contaba con las instalaciones de depuración obligatorias y sí con un
emisario ilegal, sin las autorizaciones en vigor”.
Al hacerse eco de la
postura de ambas organizaciones políticas sobre la situación, Espinosa es
especialmente crítico con la responsabilidad de los ayuntamientos de
Candelaria, Arafo y Güímar. El concejal ecosocialista recuerda que “hemos
votado en contra de la recepción del polígono precisamente porque, entre otras
cuestiones, se desconocía en qué situación se encontraba el emisario submarino,
no estaba prevista la depuración de las aguas residuales y nadie se encargaba
de una vigilancia ambiental exhaustiva ni en aguas residuales ni en
contaminación del aire ni en otros parámetros fundamentales en un polígono
industrial”.
Además, Sí se puede e
Izquierda Unida Canaria han cuestionado en reiteradas ocasiones los estatutos de
la Entidad Urbanística de Conservación desde 2014, año en que presentaron alegaciones
a ese documento. “Los ayuntamientos implicados no pueden alegar desconocimiento,
sino, por el contrario, han estado advertidos por nuestros grupos políticos en
la oposición y deben asumir su absoluta irresponsabilidad en la gestión que le
ha correspondido respecto a esta importante infraestructura”.
