miércoles, 26 de diciembre de 2018

Sí se puede muestra su satisfacción por la aprobación de sus mociones sobre la zona BIC de Igueste y La Punta, en Candelaria

Mayca Coello: “Los acuerdos plenarios deben cumplirse y nos mantendremos vigilantes para que se ejecuten las mejoras demandadas por la ciudadanía”



Sí se puede muestra su satisfacción por la aprobación de las mociones que defendió su grupo en el pleno del Ayuntamiento de Candelaria este miércoles, 26 de diciembre, sobre las necesarias mejoras de la zona Bien de Interés Cultural (BIC) de Igueste y en La Punta, Candelaria.


La portavoz del grupo en la corporación, Mayca Coello, insiste en recordar que “los acuerdos plenarios deben cumplirse y no siempre el gobierno actúa así; en Sí se puede nos mantendremos vigilantes para que se ejecuten las mejoras aprobadas, que son demandadas por la ciudadanía”.


De esta manera, Coello recuerda que las dos mociones que defendió Sí se puede en la sesión plenaria surgen de las reuniones mantenidas por la Asamblea Local de la organización en Candelaria, sus concejales en el Ayuntamiento y distintos colectivos ciudadanos que les han hecho llegar estas reclamaciones.


En los casos de ambas iniciativas, Sí se puede plantea la necesidad de valorar la mejor adecuación de las soluciones propuestas. En atención a estas peticiones, la moción sobre la zona BIC con categoría de Sitio Histórico "El Camino de Candelaria", en Igueste, promueve actuaciones recogidas durante el encuentro mantenido a finales de noviembre con vecinas y vecinos de la zona, al tiempo que recuerda que en 2015 impulsó una moción con objetivos similares que fue rechazada por el pleno


Las intervenciones propuestas en la zona se sintetizan en cuatro bloques. Se trata, en primer lugar, de arrendar terrenos para acondicionarlos como aparcamientos temporales mientras dura la obra del depósito y el tendido de canalizaciones. Igualmente, se plantea aprovechar la obra de soterramiento de tuberías de abastecimiento de agua potable para recoger también la canalización de saneamiento y de aguas pluviales, así como las canalizaciones para el soterramiento de tendidos de fibra óptica, electricidad, alumbrado público y otras que pudieran ser requeridas.


Asimismo, la ciudadanía demandó intervenciones para mejorar la calle de la Vera, donde se plantea acondicionar el firme de la vía, ejecutar una cuneta o murete para recoger los desprendimientos, colocar una barrera de metal-madera u otra solución para mejorar las condiciones de seguridad, sanear los márgenes laterales e incentivar la reconstrucción de paredes de huertas que hayan caído, colocar señalización horizontal e instalar algunos puntos de alumbrado público con farolas solares. El paquete de medidas en Igueste concluiría con colocación de tres espejos para mejorar la seguridad de la circulación.


La Punta

Las demandas vecinales para La Punta se engloban en ocho actuaciones, empezando por instar al Cabildo para que coloque una señal indicativa de la presencia de este núcleo urbano en el desvío de la Carretera General del Sur y para que realice obras de acondicionamiento y restauración de la parada de guaguas. Le sigue la acometida de una limpieza exhaustiva de la zona con retirada de los enseres abandonados, además de insistir en campañas informativas y de concienciación ciudadana e incrementar las acciones de control y sanción para eliminar el vertedero incontrolado que se está generando en una isla de contenedores de basura allí ubicada.


Respecto a la subida principal a este núcleo de población, se reclama la instalación de “guardias muertos” para obligar a los vehículos a reducir la velocidad, más aún al tener en cuenta que muchas niñas y niños juegan en la calle, debido a que no existen instalaciones adecuadas para sus juegos. Por este motivo, se pide también un parque infantil y cancha multideporte para la zona.


Las actuaciones que completan las demandas vecinales en La Punta son la colocación de nuevas luminarias mejor diseñadas para la zona, la realización de las obras necesarias para el soterramiento de todas estas instalaciones de cableado aéreo que afean el entorno y resultan peligrosas y el reasfaltado de todo el núcleo, de forma que se incluyan las calles aún sin empichar.

Nota: Se adjuntan los textos íntegros de las dos mociones aprobadas. BIC Igueste; La Punta

miércoles, 19 de diciembre de 2018

Sí se puede celebra el cumplimiento de su iniciativa sobre la instalación de un punto limpio en el muelle de Candelaria

La organización incluyó esta actuación en sus acuerdos con el gobierno municipal para aprobar los presupuestos de este año


Sí se puede celebra el cumplimiento de su iniciativa sobre la instalación de un punto limpio en el muelle de Candelaria solicitado desde 2016 haciéndose eco de las demandas de los pescadores y pescadoras que operan en el refugio pesquero de Candelaria.


La organización incluyó esta actuación en sus acuerdos con el gobierno municipal para aprobar los presupuestos de este 2018, que habrían quedado bloqueados sin el apoyo de Sí se puede, motivo por el que la organización planteó a la alcaldesa y su equipo una serie de propuestas prioritarias. Entre ellas, la instalación de este punto limpio formaba parte del paquete de seis medidas incluidas en el apartado de políticas medioambientales.


“Nuestra satisfacción es grande, porque hemos podido ver cómo se concreta una demanda del colectivo de pescadores y pescadoras, que hasta ahora tenían que verse obligados a usar unos bidones que difícilmente cumplían la función de facilitar la recogida de los residuos generados por su actividad profesional en el refugio pesquero y que eran gestionados de forma muy deficiente o a llevar estos y otros residuos hasta el punto limpio ubicado en el Polígono Industrial del Valle de Güímar”, apunta la portavoz del grupo municipal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Candelaria, Mayca Coello.


Sí se puede ha insistido durante años ante el gobierno municipal para que se actúe en este asunto con la decisión de aportar una solución definitiva a los problemas causados por estas deficiencias y, finalmente, lo hemos conseguido; es un motivo de satisfacción y una confirmación de que el trabajo bien hecho y la perseverancia dan resultados, como estamos viendo con los compromisos arrancados por nuestro grupo en el Ayuntamiento al grupo de gobierno municipal”, subraya Coello.

viernes, 7 de diciembre de 2018

Sí se puede e Izquierda Unida denuncian obstáculos a su acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados en el polígono de Güímar

La defensa de la alcaldesa de Candelaria exigió a ambas organizaciones el pago de una fianza de 12.000 euros para poder seguir en la causa

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) denuncian obstáculos a su continuidad como acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados de aguas residuales de origen industrial sin depurar en el Polígono de Güímar. La defensa de la alcaldesa de Candelaria exigió a ambas organizaciones el pago de una fianza de 12.000 euros para poder seguir en la causa, con el claro objetivo de dificultar su derecho a acceder a la justicia en materia ambiental.

“Nos ha sorprendido que el abogado de la alcaldesa de Candelaria nos haya reclamado por vía judicial que abonáramos una fianza de 12.000 euros para poder seguir personados como acusación popular en el procedimiento judicial abierto en el Juzgado de Güímar referido a los vertidos ilegales que, durante muchos años, llevan realizándose en el polígono industrial”, asegura la portavoz del grupo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Candelaria, Mayca Coello.

Ambas organizaciones han reunido el dinero que finalmente ha exigido el juez tras considerar la petición de la alcaldesa. “Pagamos los 3.000 euros que estableció el juez porque nada nos va a impedir estar en este proceso, aunque, por supuesto, presentamos un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y estamos a la espera de su resolución”, detalla Coello.

“Otros tribunales no han establecido este tipo de fianzas para la acusación popular en casos similares y el propio fiscal consideró que no era necesario”, explica el concejal de IUC en el Ayuntamiento de Arafo, Francis Hernández. Asimismo, “la petición de una fianza de estas características contradice directivas comunitarias que protegen el acceso a la justicia ambiental”, añade el portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Güímar, Ruyman Expósito.

“Resulta que no se pueden generar costes que pongan en riesgo el derecho de las organizaciones en defensa del medio ambiente para su intervención ante los tribunales para denunciar infracciones ambientales, tal como establecen el Convenio de Aarhus y otras directivas de la Unión Europea –abunda Coello–; en cualquier caso, a Sí se puede e IUC nos ha costado 3.000 euros la defensa de los intereses de la ciudadanía y del Valle de Güímar”.

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria se personaron como acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados en el Polígono Industrial de Güímar a principios de mayo de este año, después de que se iniciara un proceso judicial en el Juzgado nº 1 de Güímar a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente por concejales de estos partidos en los ayuntamientos del Valle de Güímar: Candelaria, Arafo y Güímar. 

Las actuaciones que en estos momentos se están investigando en el Juzgado de Güímar se iniciaron a raíz de la denuncia citada, en la que Sí se puede e IUC expusieron la caótica situación derivada de la ausencia de tratamiento de aguas residuales en el Polígono Industrial de Güímar tras varias décadas en las que se han vertido al mar aguas industriales sin ningún tipo de depuración, a pesar de que contienen componentes altamente contaminantes derivados de su utilización en procesos industriales con componentes tóxicos de todo tipo.

La situación de ilegalidad en la que en estos momentos se vierten estas aguas residuales sin depurar no solo causa un daño contra el medioambiente que está penado por la Unión Europea; además, amenaza el futuro de las 250 empresas instaladas en el polígono y los 3.000 puestos de trabajo que concentran.

martes, 4 de diciembre de 2018

Sí se puede celebra la retirada del escudo franquista de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Candelaria

La organización promovió en septiembre una moción para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a todas las administraciones públicas

Sí se puede celebra la retirada del escudo franquista que se encontraba en la fachada principal de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Candelaria y que recientemente ha sido sustituido por un escudo constitucional. La organización promovió en septiembre pasado una moción en el Ayuntamiento de Candelaria para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a todas las administraciones públicas, tal como destacó el concejal de su grupo Agustín Espinosa durante la defensa de la iniciativa en la sesión plenaria.



Espinosa destaca que “era inexplicable la permanencia del escudo franquista colocado en su día en la fachada principal de la Casa Cuartel”, al tiempo que subraya que “ya en 2011 Sí se puede solicitó que este Ayuntamiento instara a su retirada; afortunadamente, siete años después, el proceso ha concluido con éxito, con una medida que simplemente consiste en que las administraciones públicas cumplan la ley con responsabilidad”.



La moción presentada en septiembre por Sí se puede planteó la necesidad de que el Ayuntamiento de Candelaria instara a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife a que, con carácter urgente, dictara las instrucciones necesarias para la retirada de este escudo, en cumplimiento de lo relativo a símbolos y monumentos públicos en el artículo 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Esta denominada Ley de Memoria Histórica establece la retirada de estos símbolos como una obligación jurídica.



“Igual que se ha cumplido esta parte de la moción, confiamos en que el Ayuntamiento cumpla también las otras acciones que se proponían, al extremar su celo a la hora de ejercer una función inspectora específica en los espacios y edificios públicos del municipio para detectar la posible existencia, si fuera el caso, de otros vestigios relativos a la dictadura, según lo previsto por la ley”, añade el concejal.