La organización ecosocialista
señala a las empresas propietarias del talud y al ayuntamiento como
responsables por el incumplimiento de sus respectivas obligaciones
Sí se puede lleva al pleno del
Ayuntamiento de Candelaria que se celebra este miércoles, 30 de noviembre, una
moción que propone afrontar la situación de Bajo la Cuesta en la que se atienda
a la gravedad de la situación causada por la mala gestión del desalojo de las
personas residentes en las viviendas de la zona para la realización de obras de
apuntalamiento y restauración de un talud por parte de sus dos empresas
propietarias.
La iniciativa de la organización
ecosocialista plantea, en primer lugar, constituir un grupo de trabajo jurídico
específico para el caso, y, en segundo lugar, exigir responsabilidades
políticas y responsabilidad patrimonial de las personas implicadas, “en el caso
de que se determinara que los costes y sobrecostes generados por el desalojo
derivaran de la ineficiente gestión administrativa, y debieran ser asumidos con
dinero público”, según se establece en el texto de la moción.
Las funciones del grupo de
trabajo jurídico serían estudiar la viabilidad de que los costes derivados del
realojo de los vecinos y vecinas sean asumidos total o parcialmente por las
empresas propietarias del talud y no con dinero público, como ha planteado el
Ayuntamiento de Candelaria; considerar la idoneidad o no de las decisiones
adoptadas desde el inicio de la tramitación de los expedientes vinculados al
desalojo y ejecución de Bajo la Cuesta, e identificar las responsabilidades
técnicas o políticas de cada una de esas decisiones y tener en cuenta si se ha
producido un sobrecoste para las arcas públicas, evitable de haberse adoptado
medidas alternativas en la tramitación y ejecución como consecuencia de las
decisiones adoptadas en los procedimientos seguidos en dichos expedientes.
A juicio de la organización
ecosocialista, “el deber de conservación y mantenimiento del talud de Bajo la
Cuesta se ha incumplido por sus propietarios durante décadas”, asegura la
portavoz del grupo ecosocialista en el Ayuntamiento de Candelaria, Mayca
Coello. Además, “está acreditada la inactividad municipal durante décadas al no
haberse dictado órdenes de ejecución hasta hace un año, por lo que podría
inferirse corresponsabilidad municipal e incumplimiento de competencias”.
De estos incumplimientos por
parte de las empresas y de la corporación, Sí se puede concluye que podría
requerírsele a todas las entidades implicadas “que afronten total o
parcialmente los gastos derivados del desalojo, así como la protección de
aquellas familias desalojadas que han quedado desprotegidas por el
ayuntamiento”.
La organización ecosocialista
considera que “si en un desalojo anterior de los vecinos y vecinas de Bajo la
Cuesta para obras en la autopista, la empresa adjudicataria realojó a todas las
personas que lo necesitaron en casas de alquiler mientras duraron las obras,
existe un precedente a estudiar para reclamar una indemnización por parte de
las empresas propietarias del talud”.
Y, finalmente, Coello llama la
atención sobre la posibilidad de que se acaben empleando en este proceso “más
recursos económicos públicos de los realmente justificables, debido a una
deficiente tramitación de unos expedientes por el ayuntamiento, así como por no
agotar todas las posibilidades de recuperar dichos recursos por la vía de los
propietarios del talud”; en ese caso, “podría atribuirse una responsabilidad
política por manejo inadecuado de recursos municipales”, advierte la concejala.
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