martes, 31 de enero de 2017

Sí se puede plantea la suspensión de los estatutos del Polígono industrial del Valle de Güímar hasta que se ejecuten las obras pendientes

Los comités locales de la organización ecosocialista en Candelaria y Güímar reclaman la inclusión de partidas que garanticen la depuración de aguas residuales industriales en los presupuestos del Cabildo



Los comités locales de Sí se puede en Candelaria y Güímar han presentado alegaciones al Estatuto de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial del Valle de Güímar ante los respectivos ayuntamientos. Además, han alegado también los presupuestos del Cabildo de Tenerife para pedir la inclusión de fondos destinados a garantizar las instalaciones de depuración de las aguas residuales industriales.

La organización ecosocialista plantea la no aprobación de los citados estatutos “en tanto no se realicen las obras de saneamiento, tratamiento y eliminación de las aguas residuales”, actualmente inexistentes o insuficientes, que a juicio de Sí se puede son responsabilidad de la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial “Valle de Güímar” y, en consecuencia, un compromiso y responsabilidad del Cabildo. El mantenimiento del emisario submarino, incluido en los Estatutos, es manifiestamente insuficiente de cara a afrontar la problemática contaminante de esta zona industrial.

Igualmente, plantean la apertura de expediente con el fin de determinar si la recepción de la urbanización por parte de los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar “estuviera viciada de nulidad por la no realización de todas las obligaciones que le correspondía realizar a la indicada Asociación”. Finalmente, piden la modificación del sistema de reparto de gastos que corresponden a cada ayuntamiento, de tal forma que “el porcentaje sea en función de la superficie territorial correspondiente a cada municipio”.

Por otra parte, las alegaciones presentadas por los mismos comités locales al presupuesto del Cabildo de Tenerife de 2017 se refieren a la inclusión en el documento financiero insular de la cantidad de 1.500.000 euros que se destinen a la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) del Polígono Industrial del Valle de Güímar; así como la cantidad que resulte necesaria para la correcta solución de los tres graves vertidos de aguas residuales industriales al mar que se producen en el ámbito del citado Polígono Industrial del Valle de Güímar y cuya responsabilidad recae también en el propio Cabildo Insular de Tenerife.

jueves, 26 de enero de 2017

Los grupos municipales progresistas presentarán mociones en apoyo a los Bomberos de Tenerife en ayuntamientos del Sur de la Isla

La extinción de incendios y los servicios de rescate se suman a la lista de servicios públicos abandonados en el Sur

Izquierda Unida Canaria y Sí se puede se sumarán a un manifiesto en defensa de la seguridad y protección ante desastres en Tenerife



Los grupos municipales progresistas presentarán mociones que se recojan y apoyen las reivindicaciones del cuerpo profesional de bomberos de Tenerife en ayuntamientos del Sur de la Isla, así lo acordaron hoy los concejales Francis Hernández (Izquierda Unida Canaria, Arafo); Cristo Hernández (Sí se puede, Candelaria); Lourdes Galindo (Sí se puede, Güímar), y Sebastián Martín (Sí se puede, Arico, en representación también del grupo municipal ecosocialista de Vilaflor) en una reunión mantenida con representantes de Bomberos de Tenerife en sus instalaciones de la capital tinerfeña.

La reunión se celebró en la mañana de este jueves, 26 de enero, con el fin de conocer directamente el estado y distribución de los efectivos profesionales de rescate y salvamento en el sur de Tenerife y adoptar iniciativas desde los ayuntamientos, así como estudiar otras acciones en solidaridad con la reivindicación del colectivo profesional.

“La extinción de incendios y los servicios de rescate se suman a la lista de servicios públicos abandonados en el Sur de Tenerife”, aseguró Sebastián Martín después del encuentro. El concejal de Sí se puede en Arico anunció también que Izquierda Unida Canaria y Sí se puede se sumarán a un manifiesto relativo a las medidas de protección en caso de emergencia que elabora Bomberos de Tenerife.

Después de la visita, el grupo de concejales progresistas confirmó que la ratio de bomberos profesionales necesarios para garantizar la seguridad de Tenerife según la población “está muy por debajo del que debería tener la Isla, comparado con otros territorios, y según las recomendaciones profesionales internacionales y de la Unión Europea, que establecen la necesidad de 1 bombero con cada 1000 habitantes”, explicó Martín. Actualmente, se cuenta en Tenerife con 196 bomberos profesionales distribuidos en los distintos parques, mientras que tendría que haber 250 activos, según los documentos del Cabildo expresados en el plan director y en los compromisos firmados con los profesionales del sector.

Además, “en los municipios del Sur de Tenerife hay un verdadero y real abandono del número de profesionales necesarios para garantizar la seguridad de residentes y visitantes; si nos atenemos a la proporción de número de bomberos según la población real, sin contar con la población turística, en el Sur la ratio está muy por debajo, casi la mitad, que en el resto de la isla, lo que muestra el abandono y trato desfavorable en la organización y distribución de los efectivos de bomberos”, concluyó el concejal.

Por su parte, portavoces del colectivo de bomberos profesionales recordaron que el Cabildo de Tenerife cuenta con un plan director como documento de trabajo en el que se establecen las previsiones de desarrollo y mejora de la organización en el se distribuyen los parques de bomberos de toda la isla y ese documento ha sido incumplido en los plazos. “Ya en 2008, el cabildo reconoció la deficiencia y la necesidad de incrementar los bomberos profesionales; no se ha cumplido”, apuntó José Molina en la rueda de prensa posterior a la reunión.

“Estamos hablando de defensa de los servicios públicos y es algo que hay que agradecer al colectivo de Bomberos de Tenerife –dijo el concejal de Sí se puede en Arico–; el servicio de extinción de incendios y rescate se suma a la lista de políticas públicas que atienden las necesidades de las personas y a las que les falta la atención de la mayoría de los partidos que están gobernando el territorio”. El abandono es “muy especial en el sur de Tenerife, donde ya hay carencias notables en Sanidad y Servicios sociales”, recalcó.

Entre las reivindicaciones del sector profesional para el Sur de Tenerife, se destacó en la rueda de prensa que el Cabildo no está atendiendo las prioridades de inversión pública, que están establecidas en el plan director citado en la instalación del parque actual de San Miguel en un punto mejor ubicado y en la creación de otro parque en el Valle de Güímar. Sin embargo, el Cabildo ha decidido gastar 1.200.000 euros de fondos a una infraestructura que no se ajusta a las prioridades y necesidades establecidas en los propios documentos de la corporación insular.

Para todo el Sur de Tenerife, desde Fasnia hasta Santiago del Teide solo existe un parque con 10 bomberos, situado en San Miguel, mientras que el plan director establece el ya citado del Valle de Güímar y otro en Guía de Isora o el anillo insular, según destacó el concejal de IUC en Arafo, Francis Hernández, durante la reunión con el colectivo. Para Hernández es imprescindible que los parques profesionales garanticen un servicio de 24 horas los 365 días del año.

lunes, 23 de enero de 2017

Sí se puede propone en el pleno de Candelaria asesorar a la ciudadanía para recuperar los fondos de las cláusulas suelo

La organización ecosocialista plantea la impliación de la OMIC local y la ampliación de su horario


Sí se puede lleva al pleno del Ayuntamiento de Candelaria una moción para que la corporación ponga en marcha un servicio de asesoramiento a la ciudadanía con el fin de aportarle información sobre el ejercicio de sus derechos a través de los mecanismos abiertos para recuperar los fondos entregados de forma irregular a los bancos por las llamadas “cláusulas suelo” de los préstamos hipotecarios.



El concejal del grupo municipal ecosocialista Agustín Espinosa planteará en la sesión que celebra la corporación el próximo miércoles que el propio ayuntamiento preste este asesoramiento a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor/a (OMIC), u otros mecanismos, para lo que plantea ampliar el horario de atención al público de esta oficina, ya que se estima insuficiente el horario actual de apertura un solo día a la semana.



Igualmente, Espinosa plantea que el ayuntamiento inicie una campaña informativa sobre este asunto y que el asesoramiento municipal contemple, como mínimo, la estimación de la cantidad a reclamar, así como facilitar un borrador para cursar la reclamación, tal y como han realizado otras entidades locales en el Estado español, como el Ayuntamiento de Madrid.



Además, el concejal plantea que el pleno inste a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición a proporcionar todos los medios de apoyo técnico y jurídico necesarios para defender los derechos de las personas afectadas por la cláusula suelo y, si con este fin es necesario crear equipos y oficinas de atención específicas, que así se haga.



Por último, la propuesta de acuerdo incorpora también instar a la Consejería de Empleo, Vivienda y Política Social del Gobierno de Canarias a asesorar a la ciudadanía a través de la Oficinas de Intermediación Hipotecaria y de las oficinas insulares de Vivienda, en coordinación con la Dirección General de Consumo y los cabildos insulares, y que desarrolle también con este fin una campaña informativa.



El concejal de Sí se puede apunta que “las cláusulas suelo suponen un claro abuso al derecho de las personas consumidoras en beneficio de las entidades bancarias, lo que ha provocado la interposición de demandas contra ellas por parte de las organizaciones de consumidores”. La declaración de estas como nulas y abusivas por el Tribunal Supremo limitó la devolución a la fecha de la sentencia, en mayo de 2013; sin embargo, una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre dictaminó en contra de la limitación de la retroactividad, de forma que hizo extensiva la devolución a todos los contratos hipotecarios que incluyeran dichas cláusulas.



Espinosa asegura que “las instituciones públicas deben estar del lado de la gente, ya que esta cuestión no se trata de una relación entre particulares. Son años de abusos de parte de las entidades bancarias, que han recibido mucho más de lo que han dado al conjunto de la sociedad”, subraya el concejal de Sí se puede, quien recuerda que “el llamado rescate bancario supuso un desembolso público de enormes cuantías que, todavía, la ciudadanía no conoce cómo y cuándo se va a recuperar”.

martes, 17 de enero de 2017

Sí se puede reclamará la asunción de responsabilidades por la mala gestión del expediente de la casa del exalcalde de Candelaria

La organización ecosocialista lleva al pleno la caducidad y revisión de oficio de las licencias otorgadas en su momento



Sí se puede reclamará la asunción de responsabilidades por la mala gestión del expediente de la casa del ex alcalde de Candelaria, José Gumersindo García (PSOE). La organización ecosocialista ha presentado una moción para su consideración por parte del pleno que se celebra a finales de este mes, para iniciar un nuevo expediente de revisión de oficio de las licencias otorgadas en su momento.

Además, Sí se puede exige la comparecencia inmediata de la instructora del expediente para dar una explicación detenida de los motivos de los graves errores evidenciados por el Consejo Consultivo de Canarias en un dictamen sobre el caso, y de otras actuaciones bajo su responsabilidad.

La organización ecosocialista pide responsabilidades tanto políticas como técnicas de las personas implicadas en el expediente, “como consecuencia de su penosa y dudosa gestión, que obliga a su anulación”, habiendo generado costes ineficientes para la Administración y un injustificable retraso en la resolución del caso.

El pleno del Ayuntamiento de Candelaria aprobó en mayo de 2016 el inicio del expediente de revisión de oficio de la licencia concedida por el ayuntamiento para la vivienda de García, pero en diciembre pasado el Consejo Consultivo de Canarias no pudo emitir dictamen al respecto, pedido en noviembre por la alcaldesa, “porque le hicieron llegar un expediente que ya estaba caducado desde finales de agosto”, explica la portavoz del grupo municipal de Sí se puede en Candelaria, Mayca Coello.

Coello señala que “el Consejo Consultivo debe de haberse quedado absolutamente desconcertado con la chapucera tramitación de este expediente, enormemente relevante en Candelaria, dados los antecedentes polémicos que lo han acompañado al tratarse de la vivienda del máximo responsable municipal de Candelaria durante 14 años”.

Según la concejala de Sí se puede, “la revisión de oficio pretendía determinar si la licencia de la vivienda se había emitido correcta o incorrectamente pero el ayuntamiento ha demostrado una vez más su incompetencia manifiesta en la gestión administrativa, en una acción más que se suma a engrosar la lista de meteduras de pata en este primer año y medio de mandato”. Coello destaca que “el secretario municipal advirtió en septiembre pasado que el expediente ya había caducado y, como ya es demasiado frecuente, nadie le hizo caso, lo que ha causado una demora injustificable y un ridículo monumental”.


La portavoz subraya que “el Informe del Consejo Consultivo cuestiona el criterio municipal favorable a inadmitir en el procedimiento un informe pericial respecto a la ilegalidad de las licencias emitidas, que es detallado, minucioso y contundente, según el encargo del juez”. En su informe, el Consejo estima que “cualquier prueba o información que permita tomar la decisión más adecuada debe considerarse y no descartarse, un criterio con el que Sí se puede coincide plenamente”, añade. Por este motivo, Coello asegura que su organización considera “una estrategia torticera de los responsables municipales el intentar ocultar u obviar este documento crucial”.