Ambas organizaciones plantean una revisión de los
periodos de gestión de los últimos 20 años en el Cabildo de Tenerife y el Gobierno
de Canarias
Sí
se puede e Izquierda Unida Canaria llevan a los plenos de los Ayuntamientos de
Candelaria, Güímar y Arafo una propuesta compartida para determinar
responsabilidades políticas en la depuración de aguas residuales, para su
debate en las sesiones que se celebrarán la próxima semana. Ambas
organizaciones presentan en las corporaciones del valle una moción para instar
al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a crear comisiones de
investigación para determinar las responsabilidades políticas que hayan tenido
las personas encargadas de la depuración de las aguas residuales en los últimos
20 años en el Valle de Güímar.
En
concreto, las mociones plantean que los ayuntamientos afectados acuerden instar
al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a crear estas comisiones de
investigación para revisar los periodos de gestión de los últimos 20 años en ambas
instituciones y determinar las actuaciones que cada responsable político realizó
en su etapa de gobierno.
Sí
se puede e IUC consideran que los acontecimientos ocurridos este verano en toda
la Isla, y especialmente en la costa del Valle de Güímar, han generado en la sociedad
una más que comprensible preocupación por el estado en el que se vierten las
aguas residuales urbanas e industriales al mar.
La
moción recuerda que tanto la organización ecosocialista –en los Ayuntamientos
de Candelaria y Güímar– como Izquierda Unida Canaria, a través de su concejal
en el Ayuntamiento de Arafo, han presentado varias denuncias ante el Servicio
de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y ante la Fiscalía
de Medio Ambiente que han evidenciado la desastrosa gestión que se ha realizado
en la depuración de las aguas residuales en Tenerife y en el Valle de Güímar.
Las
denuncias apuntan, entre otras administraciones, a la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, como responsable de la vigilancia,
entre otras cuestiones, de los vertidos desde tierra al medio marino; la
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, por ser responsable
de las autorizaciones de vertidos al medio marino.
Igualmente,
señalan al Cabildo de Tenerife como administración insular planificadora en
materia hidrológica y con competencias en infraestructuras de saneamiento del
sistema territorial Polígono Industrial Valle de Güímar y Valle de Güímar.
Finalmente, revelan el papel del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, como autoridad
de cuenca hidrográfica que ostenta la administración hidráulica de la Isla de
Tenerife y a la que corresponde la dirección, ordenación, planificación y
gestión unitaria de las aguas de Tenerife.
Estas
denuncias han provocado una investigación de las personas que en la actualidad
ostentan la responsabilidad política de las administraciones señaladas. Sin
embargo, ambas organizaciones son conscientes de que “el desastre actual no es
responsabilidad en exclusiva de las mandatarias actuales, ya que lo que hoy
estamos sufriendo es consecuencia de la dejadez y la nula gestión que durante
los últimos cuarenta años se ha hecho en materia de depuración de aguas
residuales por los diferentes cargos políticos que tenían que gestionar esta cuestión
y que, como norma general, han mirado para otro lado y no han gestionado
absolutamente nada”.
Respecto
al plazo de 20 años que plantea la moción como periodo a investigar, el grupo
municipal en Candelaria detalla que el problema tiene más de cuarenta años,
pero “hace ya veintidós que el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife
asumió su responsabilidad de dirección, ordenación, planificación y gestión
unitaria de las aguas de Tenerife, por lo que entendemos que pedir
responsabilidades políticas de las últimas cinco legislaturas no es
descabellado”.
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